En la inmensidad árida de la Puna, donde la tierra se agrieta bajo un sol implacable y el silencio solo es quebrado por el viento, se libra una batalla crucial y silenciosa.

Una batalla cuyo campo no es político en el sentido tradicional, sino profundamente existencial, y cuyo botín es el recurso más preciado y escaso, el agua.

El informe encargado, hace algún tiempo, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que abarca con mirada crítica las provincias de Jujuy y Salta, no es simplemente un documento técnico, es una cartografía de la vulnerabilidad y una advertencia solemne sobre los riesgos que corremos al subestimar la finitud de los ecosistemas más frágiles.

Lejos de ser un territorio vacío esperando la explotación, la Puna es un sistema hidrológico complejo y delicado, un organismo vivo cuya salud está intrínsecamente ligada a sus reservas de agua, ahora amenazadas por la fiebre del litio.

La primera y más alarmante evidencia que arroja el estudio es la profunda incertidumbre que nos rodea. El trabajo, construido exclusivamente con información preexistente y sin trabajo de campo específico, es en sí mismo un diagnóstico de nuestra desidia. Actuamos a ciegas.

Planificamos megaproyectos extractivos que movilizan millones de metros cúbicos de agua en una región donde el balance hídrico natural es negativo, sin contar con los datos básicos para predecir sus consecuencias.

Esta aproximación preliminar, aunque valiosa, revela una temeridad institucional alarmante.

La mención constante a Salta, si bien en una proporción areal menor según el informe, no minimiza el riesgo; por el contrario, expande el mapa de la preocupación. Las concesiones de empresas como Orocobre se extienden por Salinas Grandes, un ecosistema compartido que no conoce de límites políticos provinciales. La suerte de una cuenca es la suerte de todas, y el impacto en un lado de la frontera provincial inevitablemente reverberará en el otro.

La hidrogeología de la región pinta un panorama de extrema fragilidad. La Puna, tanto la jujeña como la austral o saltocatamarqueña, es una depresión elevada con un drenaje centrípeto donde toda el agua, escasísima, converge lentamente hacia los centros de las cuencas: los salares y lagunas.

Estos no son desiertos de sal, sino humedales de altitud, la última etapa de un ciclo hídrico lento y precioso. La calidad del agua, ya de por sí un desafío, empeora hacia el centro de estos salares debido a la concentración evaporativa.

Sin embargo, en los bordes, existen acuíferos con aguas de baja salinidad, vitales para la supervivencia de las comunidades locales, la fauna y la flora adaptada a condiciones extremas.

La explotación del litio, tal como está concebida, ataca este sistema en sus dos flancos más débiles. Por un lado, bombea masivamente las salmueras del subsuelo profundo, alterando las presiones y los flujos subterráneos. Por otro, requiere enormes volúmenes de agua dulce para sus procesos industriales, compitiendo de manera directa y brutal con los usos humanos y ambientales.

El riesgo no es abstracto ni lejano. La alteración del delicado equilibrio hidrogeológico puede desencadenar un proceso de salinización irreversible.

Al extraer las salmueras del centro, se genera un sumidero artificial que puede acelerar el flujo del agua subterránea dulce desde los bordes hacia el centro.

Este desplazamiento forzado no solo agota las reservas de agua potable, sino que, al llegar a las zonas salinas, disuelve y moviliza sales, contaminando y destruyendo los acuíferos para siempre.

Es un envenenamiento lento e imparable. El informe es categórico al señalar que, ante la falta de datos precisos, cualquier evaluación es estimativa y preliminar. Pero en materia ambiental, la precaución debe primar sobre la ganancia. La ausencia de certeza no es un cheque en blanco para avanzar; es una barrera que obliga a detenerse e investigar más.

Es significativo que el anexo sobre conflictos mineros se centre exclusivamente en Jujuy, con casos como Huacalera/Tilcara.

Esto no implica que Salta esté exenta de conflictividad, sino que probablemente refleja una menor documentación o visibilización de los mismos en el momento del estudio. La conflictividad nace de la disputa por un recurso vital, y el agua es igual de vital en Salta que en Jujuy. La lección de aquellos conflictos es clara: las comunidades, que tienen una relación ancestral y de dependencia total con el territorio, perciben el riesgo con una claridad que a menudo falta en los escritorios de la planificación oficial. El temor a la contaminación del Río Grande en la Quebrada de Humahuaca, un patrimonio de la humanidad y el sustento de miles, es un precedente que debería iluminar las decisiones sobre toda la región Puna, incluyendo los sectores de Salta.

El futuro de la Puna jujeña y salteña pende de un hilo. La sed de litio para la transición energética global no puede saciarse a costa de condenar a la sed real a las poblaciones y ecosistemas locales.

El informe de la Defensoría es una brújula que señala el camino de la prudencia: se necesita urgentemente un modelo hidrogeológico matemático robusto, una red de monitoreo constante y transparente, un cálculo real de las reservas y, sobre todo, una moratoria efectiva que impida que la explotación avance más rápido que el conocimiento. No se trata de estar en contra del desarrollo, sino a favor de un desarrollo que sea genuinamente sustentable, que no sacrifique el bienestar futuro en el altar del beneficio inmediato.

La crisis del agua en la Puna no es una proyección apocalíptica; es una realidad latente que estamos ignorando. El momento de actuar con responsabilidad es ahora, antes de que el silencio de la Puna se convierta en el silencio de la desolación.