Apenas ayer, la izquierda del FIT-U vociferaba contra el «pacto de casta» entre Milei y Cristina Kirchner. Nicolás del Caño rasgaba vestiduras en el Congreso denunciando la reforma electoral libertaria como un gatopardismo maquiavélico para «borrar a la izquierda» con cheques corporativos, mientras señalaban el cinismo del kirchnerismo negociando con jueces trumpistas. Lucía Corpacci, senadora cristinista, justificaba entonces el nombramiento del juez Ariel Lijo —aliado de Lorenzetti, cómplice del lawfare— bajo el mantra del «mal menor». ¡Qué pronto caducan las convicciones!

Hoy, esos mismos paladines de la pureza revolucionaria —Bregman, Del Caño, Castillo— marchan codo a codo con la «casta» que ayer pactaba con Milei. Myriam Bregman clama contra la «proscripción» de una líder condenada por dirigir una «asociación ilícita» que desvió mil millones de dólares hacia testaferros, mientras «Chipi» Castillo invoca la épica callejera para defender sus «derechos democráticos». La ironía es letal: quienes durante años escracharon «ladrones de cuello blanco» hoy convierten a una sentenciada por administración fraudulenta en mártir de la justicia.

El doble estándar es obsceno. Ayer denunciaban el patrimonio de CFK —multiplicado por 60 durante su vicepresidencia—, sus acciones en Mercado Libre y Apple valuadas en 74 millones de pesos, o los terrenos fiscales comprados a $0,99 el metro cuadrado en Santa Cruz. Hoy callan ante las pruebas que exponen su cartelización con Lázaro Báez: 51 obras viales abandonadas, sobreprecios que sangraron el Estado en 85.000 millones de pesos. ¿Dónde quedó el grito de «¡Que devuelvan lo robado!»? Enterrado bajo la retórica de «lawfare», ese comodín que solo aplican cuando el condenado lleva su foto en la campaña.

La farsa se completa con la amnésica complicidad. Cuando el kirchnerismo negoció con Lorenzetti —arquitecto del lawfare regional junto a Moro y Bonadio—, el FIT-U no movilizó. Cuando Alberto Fernández —cómplice del desfalco vial como jefe de Gabinete— sigue libre, no exigen su procesamiento. Cuando la misma CFK transfirió bienes a sus hijos para eludir embargos, lo llamaron «persecución». Ahora, movilizan para defender a quien tiene una deuda de 300 millones de dólares por decomisar, mientras sindicatos K amenazan con paros para blindar su impunidad.

Lo más grotesco es la mitificación. Elevan a «defensora del pueblo» a quien recibió 87 bolsos de dinero en su departamento de Recoleta, y cuyo modelo se sostuvo con coimas empresariales.

Exigen «unidad popular» con los representantes de la patronal que explota obreros, mientras Del Caño forma bloque parlamentario con diputadas K que votan leyes con la derecha.

¿Principios? Pura coreografía: ayer tildaban de «justicia corrupta» a los mismos jueces que hoy exigen anulen el fallo.

Esta izquierda no defiende ideales: alquila indignación. Tras años de escrachar «ladrones», hoy son guardaespaldas discursivos de una cleptocracia condenada.

Su giro no es ideológico, es mercenario: mientras Bregman corea «¡No a la proscripción!», el PJ ya prepara candidatos alternativos. Mientras Castillo llama a «combatir en las calles», callan ante la demanda civil por $22.300 millones contra CFK.

Cuando la bandera roja ondea junto al retrato de una sentenciada por enriquecimiento ilícito, no es socialismo: es la rendición de la ética ante el oportunismo.

¿Será esta la izquierda que denunciaba el «pacto de casta», o simplemente encontraron una casta con mejor relato? El escenario es claro: han cambiado la revolución por un papel de comparsa en el teatro kirchnerista.